#CasoCurauma / Cuando las leyes existen pero no se cumplen.
Cuando las leyes existen pero no se cumplen – Un abuso sistemático del sistema judicial y financiero en Chile.
Chile. Oct 2024 - El #CasoCurauma pone en evidencia una problemática sistemática en Chile: aunque existen leyes diseñadas para proteger el mercado de capitales y garantizar la justicia en los procesos judiciales, estas no se cumplen efectivamente, y las instituciones encargadas de hacerlas cumplir fallan en su rol, permitiendo que intereses privados vulneren el estado de derecho. Este caso no solo revela abusos en el ámbito judicial y financiero, sino también la inacción o complicidad de las instituciones responsables de fiscalizar y aplicar la ley, lo que genera un clima de impunidad y desconfianza en el sistema.
Chile. Oct 2024 - El #CasoCurauma pone en evidencia una problemática sistemática en Chile: aunque existen leyes diseñadas para proteger el mercado de capitales y garantizar la justicia en los procesos judiciales, estas no se cumplen efectivamente, y las instituciones encargadas de hacerlas cumplir fallan en su rol, permitiendo que intereses privados vulneren el estado de derecho. Este caso no solo revela abusos en el ámbito judicial y financiero, sino también la inacción o complicidad de las instituciones responsables de fiscalizar y aplicar la ley, lo que genera un clima de impunidad y desconfianza en el sistema.
La quiebra de Curauma S.A. en 2013, controlada por el empresario chileno Manuel Cruzat Infante, ocurrió bajo circunstancias extremadamente irregulares. La empresa contaba con activos tasados en más de 500 millones de dólares, pero fue declarada en quiebra por una deuda presunta de solo 80 millones de pesos chilenos. Esta deuda no estaba debidamente respaldada ni fiscalizada por la Tesorería General de la República (TGR), que no verificó su legitimidad antes de aceptar la solicitud de quiebra. La solicitud fue presentada en Santiago, a pesar de que la empresa tenía su domicilio legal en Valparaíso, lo que violó las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas (N° 18.046) y la Ley de Jurisdicción.
El proceso fue gestionado por el abogado síndico César Millán Nicolet, quien fue acusado de mantener relaciones indebidas con Euroamerica Seguros de Vida S.A., controlada por Henry Comber. Esta relación permitió que Euroamerica se beneficiara de la liquidación de activos a precios muy inferiores a su valor real, lo que perjudicó gravemente a los accionistas minoritarios y otros acreedores. Esto constituye una clara violación de los principios de transparencia y equidad establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas Abiertas en Bolsa y la Ley de Mercado de Valores (N° 18.045), que buscan garantizar el trato justo a los inversionistas en los procesos de quiebra y liquidación.
Las instituciones que han fallado en su rol:
La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), encargada de la gestión y supervisión de los tribunales, permitió que el proceso de quiebra se tramitara en una jurisdicción incorrecta. Además, facilitó la manipulación del algoritmo de distribución de causas en los tribunales civiles, lo que resultó en la asignación intencionada del caso al 2° Juzgado Civil de Santiago.
El proceso fue gestionado por el abogado síndico César Millán Nicolet, quien fue acusado de mantener relaciones indebidas con Euroamerica Seguros de Vida S.A., controlada por Henry Comber. Esta relación permitió que Euroamerica se beneficiara de la liquidación de activos a precios muy inferiores a su valor real, lo que perjudicó gravemente a los accionistas minoritarios y otros acreedores. Esto constituye una clara violación de los principios de transparencia y equidad establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas Abiertas en Bolsa y la Ley de Mercado de Valores (N° 18.045), que buscan garantizar el trato justo a los inversionistas en los procesos de quiebra y liquidación.
Las instituciones que han fallado en su rol:
La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), encargada de la gestión y supervisión de los tribunales, permitió que el proceso de quiebra se tramitara en una jurisdicción incorrecta. Además, facilitó la manipulación del algoritmo de distribución de causas en los tribunales civiles, lo que resultó en la asignación intencionada del caso al 2° Juzgado Civil de Santiago.
Comisión para el Mercado Financiero (CMF): Como sucesora de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la CMF debió haber fiscalizado adecuadamente las operaciones financieras de Curauma y las acciones de Euroamerica, una sociedad anónima abierta. No obstante, falló en garantizar la transparencia de las transacciones, permitiendo que los activos de Curauma se liquidaran a precios muy por debajo del mercado, violando la Ley de Mercado de Valores.
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir): La Superir debió investigar de manera más rigurosa las acusaciones de colusión entre el síndico César Millán Nicolet y Euroamerica. No aplicó controles estrictos para evitar los abusos en el proceso de liquidación de los activos, lo que dejó a los accionistas minoritarios desprotegidos.
Tesorería General de la República (TGR): La TGR no fiscalizó adecuadamente la deuda que justificó la quiebra de Curauma, a pesar de que esta deuda no estaba respaldada por documentos tributarios válidos. La falta de verificación contribuyó a que el proceso avanzara sin base legal sólida, afectando negativamente a los acreedores.
Tribunales de Justicia: Los tribunales involucrados en el caso no actuaron con imparcialidad ni eficiencia. Permitieron que la quiebra se solicitara en Santiago, a pesar de que la Ley de Jurisdicción exigía que se tramitara en Valparaíso, donde la empresa tenía su sede legal. Además, no se investigaron suficientemente las irregularidades en el manejo del proceso, lo que permitió que Henry Comber y Euroamerica se beneficiaran indebidamente de la quiebra.
Este caso también tiene ramificaciones en el mercado internacional. Enjoy S.A., una empresa vinculada a Henry Comber, emitió un bono por el 62% del pasivo total de la empresa. Esta emisión en el mercado estadounidense coloca a Enjoy bajo el escrutinio de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), dado que se sospecha que las prácticas de Enjoy, incluido su papel en la colusión en la industria de los casinos en Chile, podrían haber afectado la veracidad de la información financiera presentada a los inversores estadounidenses. La posible manipulación financiera y la ocultación de información relevante podrían derivar en sanciones severas por parte de la autoridad norteamericana.
La realidad en Chile: las leyes existen, pero no se cumplen.
El Caso Curauma y el Caso Latam, por ejemplo, reflejan un sentimiento generalizado en Chile de que, aunque las leyes existen y son claras, no se cumplen de manera efectiva.
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir): La Superir debió investigar de manera más rigurosa las acusaciones de colusión entre el síndico César Millán Nicolet y Euroamerica. No aplicó controles estrictos para evitar los abusos en el proceso de liquidación de los activos, lo que dejó a los accionistas minoritarios desprotegidos.
Tesorería General de la República (TGR): La TGR no fiscalizó adecuadamente la deuda que justificó la quiebra de Curauma, a pesar de que esta deuda no estaba respaldada por documentos tributarios válidos. La falta de verificación contribuyó a que el proceso avanzara sin base legal sólida, afectando negativamente a los acreedores.
Tribunales de Justicia: Los tribunales involucrados en el caso no actuaron con imparcialidad ni eficiencia. Permitieron que la quiebra se solicitara en Santiago, a pesar de que la Ley de Jurisdicción exigía que se tramitara en Valparaíso, donde la empresa tenía su sede legal. Además, no se investigaron suficientemente las irregularidades en el manejo del proceso, lo que permitió que Henry Comber y Euroamerica se beneficiaran indebidamente de la quiebra.
Este caso también tiene ramificaciones en el mercado internacional. Enjoy S.A., una empresa vinculada a Henry Comber, emitió un bono por el 62% del pasivo total de la empresa. Esta emisión en el mercado estadounidense coloca a Enjoy bajo el escrutinio de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), dado que se sospecha que las prácticas de Enjoy, incluido su papel en la colusión en la industria de los casinos en Chile, podrían haber afectado la veracidad de la información financiera presentada a los inversores estadounidenses. La posible manipulación financiera y la ocultación de información relevante podrían derivar en sanciones severas por parte de la autoridad norteamericana.
La realidad en Chile: las leyes existen, pero no se cumplen.
El Caso Curauma y el Caso Latam, por ejemplo, reflejan un sentimiento generalizado en Chile de que, aunque las leyes existen y son claras, no se cumplen de manera efectiva.
Las instituciones responsables de aplicar estas leyes, como la CAPJ, la CMF, la Superir, la TGR, los tribunales de justicia y parte de la banca privada, no hacen su trabajo. Este incumplimiento, en muchos casos deliberado, viola abiertamente las normativas vigentes, beneficiando a actores poderosos y dejando desprotegidos a los accionistas minoritarios y pequeños inversores. En lugar de ser guardianes del estado de derecho, estas instituciones se han convertido en facilitadores de prácticas ilegales y corruptas, erosionando la confianza pública en el sistema judicial y financiero.
El Caso Curauma es un ejemplo paradigmático de cómo el incumplimiento de las leyes y la falta de fiscalización efectiva por parte de las instituciones chilenas permiten que intereses privados manipulen los procesos judiciales y financieros para su beneficio. Las leyes como la Ley de Sociedades Anónimas (N° 18.046), la Ley de Mercado de Valores (N° 18.045) y la Ley de Quiebras (N° 20.720) son claras, pero en la práctica, no se respetan ni se aplican con el rigor necesario. Esto ha creado un ambiente de impunidad y desconfianza en la justicia, no solo en Chile, sino también en el ámbito internacional, donde casos como la emisión de bonos de Enjoy S.A. exponen al país a sanciones y a la pérdida de credibilidad en los mercados de capitales.
El Caso Curauma es un ejemplo paradigmático de cómo el incumplimiento de las leyes y la falta de fiscalización efectiva por parte de las instituciones chilenas permiten que intereses privados manipulen los procesos judiciales y financieros para su beneficio. Las leyes como la Ley de Sociedades Anónimas (N° 18.046), la Ley de Mercado de Valores (N° 18.045) y la Ley de Quiebras (N° 20.720) son claras, pero en la práctica, no se respetan ni se aplican con el rigor necesario. Esto ha creado un ambiente de impunidad y desconfianza en la justicia, no solo en Chile, sino también en el ámbito internacional, donde casos como la emisión de bonos de Enjoy S.A. exponen al país a sanciones y a la pérdida de credibilidad en los mercados de capitales.
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