#CasoCurauma / Las fallas en el Algoritmo Judicial de Chile que benefician a los poderosos.
Las fallas en el Algoritmo Judicial de Chile que benefician a los poderosos.
¿Equidad o manipulación?
El sistema judicial chileno enfrenta una profunda crisis de confianza debido, entre otros factores, a la manipulación del algoritmo de distribución de causas, una herramienta diseñada para garantizar la equidad en la asignación de casos a los jueces. No obstante, esta tecnología ha mostrado graves fallas que permiten su manipulación para favorecer intereses específicos y generar millonarias transferencias de riqueza, socavando así la imparcialidad y eficiencia del sistema judicial. Según informes de transparencia, el 37% de los casos de alto perfil o impacto social han sido asignados repetidamente a los mismos jueces en solo un 12% de los tribunales. Este patrón ha incrementado la desconfianza pública y debilitado la credibilidad del sistema judicial en Chile.
El algoritmo, gestionado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), asigna automáticamente las causas mediante un sistema de "round-robin" que, en teoría, debería distribuir los casos equitativamente. Sin embargo, al ser un sistema cerrado y sin auditoría en tiempo real, ciertos actores pueden ajustar el algoritmo para priorizar o excluir a determinados jueces. Esto es especialmente grave en casos de relevancia económica y mediática, donde las asignaciones pueden favorecer a jueces con inclinaciones a fallar en beneficio de ciertos intereses.
Un ejemplo notable es el caso de la quiebra de Latam Airlines, Caso Latam, el mayor operador aéreo de América Latina, asignado al Segundo Juzgado Civil de Santiago en medio de su colapso financiero durante la pandemia. Este juzgado, históricamente encargado de causas complejas y financieras, generó suspicacias por recibir este caso, pues algunos jueces con tendencia a favorecer a grandes corporaciones en situaciones de insolvencia asumieron la causa. Esta asignación levantó preocupaciones sobre si el algoritmo fue manipulado para centralizar el proceso en un tribunal percibido como pro-empresas.
De manera similar, el caso de la quiebra de Curauma S.A., Caso Curauma, también fue asignado al Segundo Juzgado Civil de Santiago, lo cual despertó serias dudas sobre la imparcialidad en la distribución de causas. En este proceso, los abogados José Miguel Huerta y Cristóbal Eyzaguirre, ambos de Claro y Cía. y representantes de grandes corporaciones en el caso Latam, también defendieron los intereses de Euroamerica Seguros de Vida en contra de Curauma S.A. Este patrón de asignación ha reforzado la percepción de que la estructura de distribución puede manipularse para asegurar decisiones favorables a los acreedores más poderosos, en detrimento de pequeños accionistas y otros acreedores.
El sistema judicial chileno enfrenta una profunda crisis de confianza debido, entre otros factores, a la manipulación del algoritmo de distribución de causas, una herramienta diseñada para garantizar la equidad en la asignación de casos a los jueces. No obstante, esta tecnología ha mostrado graves fallas que permiten su manipulación para favorecer intereses específicos y generar millonarias transferencias de riqueza, socavando así la imparcialidad y eficiencia del sistema judicial. Según informes de transparencia, el 37% de los casos de alto perfil o impacto social han sido asignados repetidamente a los mismos jueces en solo un 12% de los tribunales. Este patrón ha incrementado la desconfianza pública y debilitado la credibilidad del sistema judicial en Chile.
El algoritmo, gestionado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), asigna automáticamente las causas mediante un sistema de "round-robin" que, en teoría, debería distribuir los casos equitativamente. Sin embargo, al ser un sistema cerrado y sin auditoría en tiempo real, ciertos actores pueden ajustar el algoritmo para priorizar o excluir a determinados jueces. Esto es especialmente grave en casos de relevancia económica y mediática, donde las asignaciones pueden favorecer a jueces con inclinaciones a fallar en beneficio de ciertos intereses.
Un ejemplo notable es el caso de la quiebra de Latam Airlines, Caso Latam, el mayor operador aéreo de América Latina, asignado al Segundo Juzgado Civil de Santiago en medio de su colapso financiero durante la pandemia. Este juzgado, históricamente encargado de causas complejas y financieras, generó suspicacias por recibir este caso, pues algunos jueces con tendencia a favorecer a grandes corporaciones en situaciones de insolvencia asumieron la causa. Esta asignación levantó preocupaciones sobre si el algoritmo fue manipulado para centralizar el proceso en un tribunal percibido como pro-empresas.
De manera similar, el caso de la quiebra de Curauma S.A., Caso Curauma, también fue asignado al Segundo Juzgado Civil de Santiago, lo cual despertó serias dudas sobre la imparcialidad en la distribución de causas. En este proceso, los abogados José Miguel Huerta y Cristóbal Eyzaguirre, ambos de Claro y Cía. y representantes de grandes corporaciones en el caso Latam, también defendieron los intereses de Euroamerica Seguros de Vida en contra de Curauma S.A. Este patrón de asignación ha reforzado la percepción de que la estructura de distribución puede manipularse para asegurar decisiones favorables a los acreedores más poderosos, en detrimento de pequeños accionistas y otros acreedores.
La percepción de que el sistema judicial beneficia a los poderosos es compartida por el 62% de los chilenos, mientras que el 74% considera que la justicia es "poco o nada confiable" (encuestas de 2023). Esta crisis de confianza mina la legitimidad democrática, al permitir que ciertos grupos eludan la justicia mientras consolidan su posición de poder, perpetuando una cultura de impunidad.
La CAPJ, dirigida por Ricardo Guzmán Sanza, recibe anualmente una porción considerable del presupuesto estatal para sostener el funcionamiento de los tribunales y desarrollar infraestructura judicial. En 2023, el presupuesto del Poder Judicial fue de aproximadamente $1.3 billones de pesos (USD $1,4 mil millones), de los cuales un porcentaje significativo está destinado a la CAPJ para cubrir salarios de más de 13.000 funcionarios, mantenimiento, y actualización de tecnología. Un 30% de estos fondos se destina específicamente a infraestructura, incluyendo la construcción de nuevos edificios y la modernización de sedes judiciales. Sin embargo, cerca del 48% de los fondos para mejoras tecnológicas entre 2021 y 2023 no fue auditado, lo que ha generado críticas sobre la transparencia y eficiencia en el uso de estos recursos, especialmente en la gestión del polémico algoritmo de distribución de causas.
Frente a esta crisis, expertos en justicia han sugerido implementar un sistema de monitoreo independiente para supervisar la asignación de causas y auditar las decisiones. Se propone que el algoritmo utilice tecnologías de contabilidad distribuida, como el blockchain, para asegurar trazabilidad en cada decisión. Este sistema permitiría mayor transparencia, dificultando la manipulación de causas sin dejar rastro. Hasta que se corrija esta vulnerabilidad, la confianza pública en el sistema judicial seguirá disminuyendo, poniendo en riesgo la integridad democrática y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La CAPJ, dirigida por Ricardo Guzmán Sanza, recibe anualmente una porción considerable del presupuesto estatal para sostener el funcionamiento de los tribunales y desarrollar infraestructura judicial. En 2023, el presupuesto del Poder Judicial fue de aproximadamente $1.3 billones de pesos (USD $1,4 mil millones), de los cuales un porcentaje significativo está destinado a la CAPJ para cubrir salarios de más de 13.000 funcionarios, mantenimiento, y actualización de tecnología. Un 30% de estos fondos se destina específicamente a infraestructura, incluyendo la construcción de nuevos edificios y la modernización de sedes judiciales. Sin embargo, cerca del 48% de los fondos para mejoras tecnológicas entre 2021 y 2023 no fue auditado, lo que ha generado críticas sobre la transparencia y eficiencia en el uso de estos recursos, especialmente en la gestión del polémico algoritmo de distribución de causas.
Frente a esta crisis, expertos en justicia han sugerido implementar un sistema de monitoreo independiente para supervisar la asignación de causas y auditar las decisiones. Se propone que el algoritmo utilice tecnologías de contabilidad distribuida, como el blockchain, para asegurar trazabilidad en cada decisión. Este sistema permitiría mayor transparencia, dificultando la manipulación de causas sin dejar rastro. Hasta que se corrija esta vulnerabilidad, la confianza pública en el sistema judicial seguirá disminuyendo, poniendo en riesgo la integridad democrática y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
#casocurauma #casolatam #algoritmo #capj