Justicia en bloques
JUSTICIA EN BLOQUES: UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LA CRISIS JUDICIAL DE CHILE
La tecnología blockchain, conocida principalmente por su aplicación en criptomonedas, ofrece un sistema de almacenamiento de datos en una cadena de bloques diseñada para ser segura, descentralizada y prácticamente inalterable.
En lugar de almacenar información en un único servidor, esta se distribuye entre múltiples nodos en una red, dificultando así cualquier manipulación indebida. Cada bloque contiene datos, una marca de tiempo y un “hash” (función criptográfica que convierte datos en una cadena de caracteres de longitud fija), enlazándose al bloque anterior y formando así una cadena cronológica. Esta estructura garantiza la integridad de la información: una vez añadido un bloque, alterarlo requiere modificar toda la cadena, preservando su autenticidad.
Gracias a su diseño descentralizado y encriptado, blockchain proporciona una alta transparencia y seguridad, siendo ideal para aplicaciones como criptomonedas, trazabilidad de productos y contratos inteligentes. Sin embargo, uno de los campos en los que esta tecnología podría ofrecer un cambio estructural es el sistema judicial.
En un contexto donde el sistema judicial chileno enfrenta desafíos de transparencia y eficiencia, blockchain emerge como una herramienta con el potencial de modernizar el sistema y restaurar la confianza en la justicia.
La implementación de blockchain en el ámbito judicial busca digitalizar y asegurar los expedientes judiciales, registrando cada documento y evidencia con un “hash” único que garantice su autenticidad. Esto significa que ningún documento podría alterarse sin dejar un rastro claro, asegurando la integridad de los archivos desde el inicio hasta la resolución del caso. Jueces, abogados y partes involucradas tendrían acceso seguro y controlado a los documentos, protegiendo tanto la privacidad como la seguridad de la información.
Uno de los avances más innovadores de esta tecnología es la introducción de “contratos inteligentes”. Estos son programas que ejecutan acciones automáticamente al cumplirse ciertas condiciones. En el ámbito judicial, los contratos inteligentes podrían notificar plazos y requerimientos a las partes involucradas, agilizando los trámites y evitando demoras. En casos menores, estos contratos podrían incluso emitir fallos automáticos, como el pago de multas, aligerando la carga procesal y aumentando la rapidez en la resolución de casos.
Cada audiencia y fallo judicial podría registrarse en blockchain, creando un historial inalterable consultable en tiempo real. Esto permitiría que ciertos fallos de interés público sean accesibles para la ciudadanía, mejorando la transparencia del sistema judicial y fortaleciendo la confianza en la justicia. Este sistema de auditoría en tiempo real también facilitaría a los observadores ciudadanos verificar que las decisiones judiciales se tomen de forma justa y sin manipulación.
El uso de blockchain facilitaría el registro de apelaciones y revisiones judiciales, permitiendo un seguimiento claro de cada etapa. Además, ciertas fases o casos podrían estar abiertos a auditorías ciudadanas, proporcionando una capa adicional de transparencia en las decisiones y ayudando a asegurar que el sistema actúe de acuerdo con los principios de justicia e imparcialidad.
Un punto clave de la blockchain en la justicia es la transparencia en las acciones de los jueces y funcionarios. Gracias al registro inalterable de cada decisión y acción, se facilitaría la identificación de patrones inusuales y prácticas corruptas. Con identidades digitales únicas, los jueces y abogados podrían registrar sus decisiones de forma verificable, reduciendo las oportunidades de corrupción y aumentando la responsabilidad en la toma de decisiones.
Integrar esta tecnología en el sistema judicial chileno implicaría reformas legales y capacitación intensiva de los funcionarios, además de una cuidadosa integración con los sistemas actuales. Este cambio requeriría una inversión considerable para desarrollar y adaptar la infraestructura tecnológica, así como presupuesto adicional para la capacitación de los funcionarios judiciales, quienes inicialmente podrían mostrarse reticentes al cambio.
El proceso completo podría extenderse durante años, ya que el marco legal necesita adaptarse para permitir una integración segura y efectiva de la blockchain en las prácticas judiciales actuales. Sin embargo, el costo y el esfuerzo social de esta inversión se justifican en la promesa de una justicia más transparente, rápida y segura en el largo plazo, lo que significaría un gran avance para el sistema judicial chileno y un ejemplo para otros países en la región.
Santiago, 31 de octubre de 2024.