#CasoCurauma / El fraude en el algoritmo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial
El fraude en el algoritmo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial: una amenaza para todos.
La narrativa de un algoritmo imparcial y eficiente que garantiza la distribución de causas judiciales en Chile se cae a pedazos. Lo que se presenta como una herramienta técnica y neutral es, en realidad, el escenario perfecto para la manipulación encubierta, poniendo en riesgo pilares fundamentales del sistema judicial como la igualdad ante la ley, la probidad pública y la confianza ciudadana.
¿Qué esconde el algoritmo?
Un algoritmo no es más que una secuencia de pasos programados para resolver problemas o realizar tareas específicas. Sin embargo, la opacidad con que el Poder Judicial y la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) manejan el algoritmo encargado de la distribución de causas es un fraude probado A pesar de múltiples solicitudes de transparencia, las respuestas son fragmentadas, confusas y contradictorias.
La piedra angular del problema radica en la falta de claridad sobre cómo este algoritmo funciona realmente. La CAPJ, en un proceso judicial relacionado con el emblemático #CasoCurauma, admitió en 2023:
“No se cuenta con acceso a las fuentes del sistema de distribución de demandas, lo que impide determinar con precisión la función utilizada para realizar la asignación aleatoria.”
Sin embargo, es evidente que se aplicó algún criterio, dado que la causa fue asignada a un tribunal específico. Esto plantea una interrogante fundamental: ¿qué criterio se utilizó para dicha asignación?
Este reconocimiento no solo pone en evidencia una posible negligencia en la gestión del sistema, sino que también abre la puerta a una sospecha más alarmante: ¿es posible que el sistema haya sido intervenido de manera maliciosa?
Desde 2014, el algoritmo supuestamente vigente utiliza la misma base de datos y lenguaje de programación (PL/SQL sobre ORACLE) que operaba desde 1997. Este legado tecnológico implica que los principios de asignación, y posiblemente las vulnerabilidades, no han cambiado. En esencia, se mantiene el procedimiento que prioriza tribunales con menor carga de trabajo y, en caso de empate, aplica un método de aleatorización.
No obstante, el verdadero problema no radica en los pasos declarados, sino en lo que no se ha dicho. La CAPJ ha eludido explicar aspectos clave, como el funcionamiento de los criterios adicionales mencionados y luego descartados, así como la ausencia de auditorías independientes para asegurar que las asignaciones sean realmente aleatorias e imparciales.
Según Roberto Melipillán, experto en lenguajes digitales, el algoritmo depende de elementos como la hora exacta del procesamiento y el orden de los tribunales al momento de la asignación. Esto, combinado con logs —registros automáticos de las actividades del sistema—, debería bastar para detectar alteraciones. Sin embargo, la falta de acceso a estos registros y la negativa a entregar el código fuente dificultan cualquier auditoría externa.
El hermetismo no es un detalle menor: es el terreno fértil para fraudes invisibles. Si alguien tuviera acceso para modificar los parámetros del sistema, podría alterar la asignación de causas en beneficio de intereses particulares, sin dejar huella evidente.
Más allá del tecnicismo, lo que está en juego es la credibilidad del sistema judicial. Un algoritmo manipulado socava el debido proceso, genera arbitrariedad y convierte a la justicia en un privilegio de pocos. Además, la falta de transparencia y rendición de cuentas amenaza la reputación del Estado de Derecho chileno y la confianza en las instituciones.
Dejar este asunto sin investigar a fondo sería una señal de complicidad o, al menos, de negligencia grave. Los impactos negativos no solo recaen en las partes afectadas en casos concretos, sino que extienden sus consecuencias a toda la sociedad.
El desafío para el Ministerio Público
Frente a este panorama, el Ministerio Público tiene el deber de asumir un rol activo y decisivo. La tarea no es sencilla, pero es imprescindible. Es urgente auditar el sistema, exigir acceso al código fuente, revisar los logs históricos y, de ser necesario, establecer responsabilidades administrativas y penales.
La justicia chilena no puede permitirse brechas de seguridad en su propio corazón. Un algoritmo oscuro es más que una falla técnica: es una amenaza directa al principio de igualdad ante la ley. Y en este caso, la omisión no es solo un error, es un fraude a la confianza pública.
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