#CasoCurauma / Australis & Curauma: el colapso de los guardianes de la fe pública
El Caso Australis y el Caso Curauma exponen con claridad alarmante el fracaso sistémico de las instituciones chilenas encargadas de fiscalizar y proteger la fe pública. Entre ellas, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Tesorería General de la República sobresalen por su incapacidad para prevenir irregularidades evidentes, mostrando una negligencia institucional que raya en la complicidad. Estas instituciones no fueron, o deliberadamente no quisieron, detener a tiempo operaciones fraudulentas que, con un mínimo de fiscalización efectiva, podrían haberse evitado, demostrando una indiferencia inaceptable hacia su mandato de proteger el interés público.
En el caso Australis, la venta de la salmonera al grupo chino Joyvio en 2022 por más de 900 millones de dólares constituye un ejemplo paradigmático de la incapacidad de las instituciones chilenas para fiscalizar y garantizar la transparencia en operaciones de gran envergadura. La transacción, hoy bajo investigación, involucra denuncias por presunta estafa, entrega de información falsa y manipulación de cifras productivas destinadas a inflar artificialmente el valor de la empresa.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF), encargada de velar por la transparencia y la legalidad en el mercado financiero, tenía la responsabilidad de revisar los informes financieros presentados y garantizar que fueran veraces y completos. Sin embargo, su desempeño fue desastroso. No detectó las graves irregularidades en los datos entregados por Australis, que incluían una sobreproducción no declarada en sus centros de cultivo. Estas prácticas no solo alteraron los reportes financieros, sino que también evidenciaron un patrón de omisión por parte de las entidades encargadas de la fiscalización.
A esto se suma el rol de Sernapesca, organismo responsable de supervisar la producción acuícola. Durante años, Australis operó con una sobreproducción masiva, excediendo los límites legales y deteriorando los ecosistemas marinos. A pesar de contar con herramientas como reportes periódicos obligatorios y la capacidad de realizar inspecciones en terreno, Sernapesca falló rotundamente en detectar o sancionar estas violaciones, permitiendo que la empresa continuara operando fuera de la ley.
La cadena de negligencias no termina allí. El Servicio de Impuestos Internos (SII) tampoco actuó frente a las claras señales de evasión tributaria asociadas a la sobreproducción y a la manipulación de las cifras financieras. Asimismo, la Tesorería General de la República no intervino para prevenir que los recursos públicos se vieran comprometidos por las irregularidades financieras de la operación.
La venta a Joyvio no solo implica un fraude potencial hacia el comprador, sino que también representa un daño estructural a la confianza en las instituciones chilenas. Esta operación desnuda un sistema fiscalizador frágil, en el que la falta de coordinación y la inacción de organismos como la CMF, Sernapesca, el SII y la Tesorería crean un ambiente propicio para que empresas de gran escala operen con impunidad.
El caso Curauma, ocurrido en 2013, es un ejemplo devastador de negligencia institucional. La solicitud ilegal y forzada de quiebra de Curauma S.A., una empresa con activos tasados en más de 500 millones de dólares, estuvo marcada por irregularidades flagrantes. La deuda invocada, de apenas 80 millones de pesos chilenos, carecía de respaldo tributario o documentación válida. Para agravar la situación, la causa fue presentada en un tribunal sin jurisdicción, en una maniobra que burló las normas procesales más elementales, mientras que su asignación a dicho tribunal fue manipulada de forma deliberada.
A pesar de que estas anomalías fueron reiteradamente advertidas mediante oficios y denuncias directas, la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS, hoy CMF) optó por la inacción, permitiendo que el procedimiento avanzara sin cuestionamientos. Esta omisión no solo facilitó un proceso profundamente viciado, sino que también evidenció una falta absoluta de compromiso con su deber de garantizar la transparencia y proteger los derechos de los afectados.
El resultado de esta negligencia institucional fue la apropiación indebida e ilegal de activos estratégicos por parte de Euroamerica Seguros de Vida, mediante maniobras que no solo fueron abiertamente fraudulentas, sino que violaron principios básicos de transparencia y legalidad. Más de 1,600 accionistas minoritarios fueron despojados de sus derechos y patrimonio, mientras que la Tesorería General de la República permitió que grandes montos de recursos públicos quedaran sin recaudarse, alimentando un esquema que favoreció a intereses privados a expensas del Estado.
El patrón es claro y alarmante: estas instituciones no solo fallan en proteger la transparencia y la legalidad, sino que actúan como facilitadoras de abusos.
La CMF se limita a cumplir trámites administrativos, mientras la Tesorería y el SII aplican un rigor asimétrico que castiga con dureza a pequeños contribuyentes, pero otorga indulgencia a los grandes conglomerados económicos.
Estas fallas no son errores aislados ni problemas técnicos; son manifestaciones de un sistema capturado por intereses privados. Mientras las sanciones sigan siendo simbólicas y los mecanismos de fiscalización permanezcan fragmentados e ineficaces, los fraudes y las irregularidades continuarán, perpetuando una cultura de impunidad.
El daño causado es incalculable. No solo erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, sino que también afecta gravemente la reputación de Chile como un país confiable para las inversiones. Más grave aún, envía un mensaje inequívoco: en Chile, los grandes actores económicos pueden operar por encima de la ley, con la certeza de que los entes fiscalizadores no actuarán, y si lo hacen, las consecuencias serán irrelevantes frente a las ganancias ilícitas.
El fracaso de la CMF, Tesorería, SII y Sernapesca en estos casos no puede ser tolerado. Estas instituciones, creadas para garantizar la legalidad y proteger el interés público, han demostrado ser incapaces de cumplir su rol. Es hora de exigir reformas profundas que restauren su independencia, capacidad y compromiso con la ciudadanía. De lo contrario, su existencia no solo será irrelevante, sino dañina para el país que deberían servir.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) es un organismo autónomo chileno, dependiente del Ministerio de Hacienda, que regula y supervisa el mercado financiero, incluyendo bancos, aseguradoras y valores. Su objetivo es garantizar la transparencia, estabilidad y desarrollo del sistema financiero, proteger a los inversionistas, fomentar la confianza en los mercados y promover un entorno competitivo y sostenible que contribuya al crecimiento económico y la integridad institucional.
La Tesorería General de la República (TGR) es un organismo público chileno dependiente del Ministerio de Hacienda. Su principal función es la recaudación, administración y distribución de los recursos fiscales, asegurando el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el manejo eficiente del erario nacional. Además, es responsable de gestionar pagos del Estado y monitorear la correcta aplicación de los ingresos públicos, contribuyendo al financiamiento de las políticas y programas que sustentan el desarrollo económico y social del país.
#casocurauma