#CasoCurauma / Caso Curauma
El #CasoCurauma gira en torno a la quiebra fraudulenta impuesta a la empresa Curauma S.A., controlada por el empresario Manuel Cruzat Infante. Esta quiebra, ampliamente calificada como ilegal, constituye una grave transgresión al estado de derecho y al orden público económico de Chile.
El proceso estuvo plagado de irregularidades y manipulaciones orquestadas para despojar a la empresa de sus activos y beneficiar a la prestamista Euroamerica Seguros de Vida S.A. y a sus controladores, Henry Comber y Nicholas Davis, mediante el abuso de mecanismos judiciales, la manipulación del algoritmo del sistema de asignación de causas y el uso cuestionable de normas legales. En 2013, el abogado Julio Bustamante Jeraldo, exdirector de Curauma S.A., solicitó la quiebra en Santiago, a pesar de que el domicilio legal de la empresa estaba en Valparaíso, en clara contravención a las normativas vigentes. La solicitud se basó en una presunta deuda de aproximadamente 80 mil dólares, una cifra ínfima que nunca fue respaldada con pruebas documentales ni registros de pago, violando la Ley de Valores y la Ley de Sociedades Anónimas. Esto evidenció una posible manipulación de las leyes para forzar la quiebra en beneficio de ciertos actores. A pesar de que Curauma S.A. contaba con activos tasados en más de 500 millones de dólares, fue llevada a la quiebra por esta deuda menor, afectando gravemente el orden público económico al vulnerar principios de transparencia y competencia justa en el mercado. César Millán Nicolet, síndico encargado de la liquidación, fue señalado por mantener relaciones indebidas con los propietarios de Euroamérica Seguros de Vida, quienes se apoderaron de los activos de Curauma S.A. a través de una operación financiera con tasas de interés superiores a la Tasa Máxima Convencional, incrementando las sospechas sobre la legalidad y ética del proceso. El Caso Curauma, vigente desde 2013 y con masivas acciones legales en curso, representa una transgresión sistemática al estado de derecho y al orden público económico en Chile, además de una violación al sistema democrático de la república.- Más sobre el Caso Curauma en Nuestra Historia: https://casocurauma.blogspot.com/2024/09/casocurauma-nuestra-historia.html
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English version:
The #CuraumaCase revolves around the fraudulent bankruptcy forced upon the company Curauma S.A., controlled by entrepreneur Manuel Cruzat Infante. This bankruptcy, widely deemed illegal, constitutes a serious breach of the rule of law and Chile's economic public order.
The process was plagued with irregularities and manipulations designed to strip the company of its assets and benefit the lender Euroamerica Seguros de Vida S.A. and its controllers, Henry Comber and Nicholas Davis, through the abuse of judicial mechanisms, manipulation of the case assignment algorithm, and questionable use of legal standards.
In 2013, attorney Julio Bustamante Jeraldo, a former director of Curauma S.A., filed for bankruptcy in Santiago despite the company’s legal domicile being in Valparaíso, in clear violation of existing regulations. The filing was based on an alleged debt of approximately $80,000 USD, a minimal amount that was never substantiated with documentary evidence or payment records, thus violating the Securities Law and the Corporations Law. This suggested a possible manipulation of laws to force bankruptcy to benefit certain parties.
Even though Curauma S.A. held assets valued at more than $500 million USD, it was driven into bankruptcy over this minor debt, seriously undermining economic public order by violating principles of transparency and fair competition in the market.
César Millán Nicolet, the trustee in charge of the liquidation, was accused of maintaining improper relations with the owners of Euroamerica Seguros de Vida, who seized Curauma S.A.’s assets through a financial operation with interest rates above the Maximum Conventional Rate, further raising suspicions about the legality and ethics of the process.
The Curauma Case, ongoing since 2013 with numerous legal actions still underway, represents a systematic transgression of the rule of law and economic public order in Chile, as well as a violation of the republic’s democratic system.