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Un algoritmo tipo Excel

El sistema de asignación de causas del Poder Judicial de Chile, administrado por la Comisión para la Asignación de Causas Judiciales (CAPJ), tiene la responsabilidad crucial de garantizar la distribución equitativa y aleatoria de las causas entre los tribunales. Sin embargo, este sistema presenta importantes deficiencias en transparencia, verificabilidad y trazabilidad, lo que compromete la imparcialidad del proceso judicial y pone en riesgo la confianza pública en la justicia.

 

Una de las principales fallas es la falta de un registro histórico y documentación clara del algoritmo de asignación, tanto anterior como posterior a 2014. La eliminación de tablas temporales con información clave sobre los tribunales disponibles durante la asignación impide realizar auditorías adecuadas. Esto genera un vacío en el control del sistema, ya que no es posible verificar si las causas fueron asignadas de manera justa. La falta de trazabilidad conlleva un riesgo latente de manipulación, lo que afecta gravemente la confianza en el sistema judicial.

 

Otro aspecto crítico es la dependencia de variables manipulables en el proceso de asignación. El uso de la hora exacta de ingreso de una causa para su asignación puede parecer aleatorio, pero la falta de claridad sobre cómo se ordenan los tribunales disponibles deja espacio para posibles manipulaciones. Si el orden no es transparente y puede alterarse, la imparcialidad del sistema queda comprometida, debilitando la equidad de la justicia.

 

Además, la auditoría limitada del sistema es una amenaza significativa. La falta de registros permanentes que documenten tanto los segundos de ingreso como el orden de los tribunales impide verificar la correcta aplicación del algoritmo. Esto deja el proceso sin una supervisión efectiva, lo que agrava las dudas sobre su funcionamiento y permite que persistan fallas estructurales.

 

El impacto de estas deficiencias se agrava en casos de alta relevancia, como el Caso Curauma y el Caso LATAM, donde las implicaciones económicas y legales son considerables. La falta de transparencia y el riesgo de errores o manipulaciones en la asignación pueden tener consecuencias devastadoras, erosionando la confianza en el sistema judicial y comprometiendo la percepción pública de su imparcialidad.

 

Hay evidencia de que algunos abogados explotan las vulnerabilidades del sistema en beneficio propio o de sus clientes. Un abogado que comprende cómo se utilizan variables como la hora exacta para asignar causas podría manipular el momento de ingreso de un caso, aumentando las probabilidades de que sea asignado a un tribunal favorable.

 

En casos más graves, podría darse la colusión entre abogados y funcionarios judiciales para alterar la asignación de causas. Si un abogado tiene acceso a funcionarios que pueden influir en el proceso, esto plantea un riesgo de corrupción, lo que mina la confianza pública en la integridad del sistema judicial.

 

El sistema de asignación de causas judiciales en Chile necesita una reforma integral para abordar los vacíos en transparencia, verificabilidad y trazabilidad. Es fundamental implementar registros permanentes y accesibles (logs), junto con auditorías externas regulares, para garantizar que el proceso sea justo y no susceptible de manipulaciones.

 

Si el sistema no se reforma, muchas decisiones podrían ser cuestionadas. Esto llevaría a un aumento de recusaciones y apelaciones, donde las partes pidan que se revisen las decisiones judiciales por considerarlas injustas o manipuladas. Si se prueba que una causa fue asignada incorrectamente, las sentencias podrían ser anuladas y los casos reabiertos, lo que afectaría gravemente la confianza en la justicia.

 

En casos de manipulación del algoritmo de asignación que resulten en sentencias injustas, los afectados pueden apelar a la justicia internacional, siempre que se demuestre que se ha vulnerado el derecho a un juicio imparcial y se hayan agotado los recursos judiciales en Chile. Esto sería posible bajo tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

 

Dicho lo anterior, persiste la duda sobre si realmente existe un algoritmo detrás de la asignación de causas en el Poder Judicial de Chile, o si el proceso se reduce a una planilla tipo Excel que simplemente organiza y ordena la información de manera básica. Esta pregunta no es trivial, ya que la diferencia entre un algoritmo y una herramienta básica de organización de datos puede ser clave para la transparencia y equidad del sistema.

 

Un algoritmo bien programado incluye procedimientos matemáticos y lógicos que aseguran una distribución aleatoria e imparcial de las causas. En contraste, una simple planilla tipo Excel carece de esas garantías, ya que podría estar expuesta a errores humanos o a manipulaciones. Esto subraya la necesidad de contar con sistemas auditables y verificables, que puedan ofrecer una asignación justa y resistente a interferencias externas. Contar con una plataforma tecnológicamente sólida es esencial para evitar posibles irregularidades y fortalecer la confianza en el sistema judicial.

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An Excel-like Algorithm

 

The system for assigning cases in Chile’s Judiciary, overseen by the Commission for Judicial Case Assignment (CAPJ), plays a crucial role in ensuring cases are distributed equitably and randomly among the courts. However, the system has significant issues regarding transparency, verifiability, and traceability, which undermines the impartiality of the judicial process and risks eroding public trust in the justice system.

 

One major flaw is the lack of a clear historical record and documentation of the assignment algorithm, both pre- and post-2014. The deletion of temporary tables containing key information about the available courts during assignment hinders proper auditing. This creates a significant oversight gap, as it’s impossible to verify if cases were allocated fairly. The lack of traceability presents a latent risk of manipulation, severely impacting confidence in the judicial system.

 

Another critical issue is the reliance on manipulable variables in the assignment process. Using the exact time a case is filed for its allocation may seem random, but the lack of transparency regarding how courts are ordered leaves room for potential manipulation. If this order isn’t clear and can be altered, the system’s impartiality is compromised, weakening the fairness of the process.

 

Moreover, limited auditing of the system poses a serious threat. Without permanent records documenting the exact seconds of filing and the order of courts, it’s impossible to verify the correct application of the algorithm. This leaves the process without effective oversight, increasing doubts about its functioning and allowing structural flaws to persist.

 

The impact of these deficiencies is even more pronounced in high-profile cases like Curauma (Curauma Case) and LATAM (Airlines), where the economic and legal implications are considerable. Lack of transparency and the risk of errors or manipulation in case assignment can have devastating consequences, eroding trust in the judicial system and undermining public perception of its fairness.

 

There is evidence that some local lawyers exploit the system’s vulnerabilities for their own benefit or that of their clients. A lawyer who understands how variables like the exact filing time are used could manipulate the moment a case is filed, increasing the chances of it being assigned to a favorable court.

 

In more serious scenarios, collusion between lawyers and judicial officials could alter the case assignment process. If a lawyer has access to officials who can influence the process, this presents a risk of corruption, further eroding public trust in the judicial system’s integrity.

 

The case assignment system in Chile urgently needs comprehensive reform to address gaps in transparency, verifiability, and traceability. It is essential to implement permanent, accessible logs and regular external audits to ensure the process is fair and resistant to manipulation.

 

Without reform, many decisions could be questioned. This would lead to an increase in recusals and appeals, with parties requesting that judicial decisions be reviewed due to perceptions of unfair or manipulated case assignment. If it’s proven that a case was assigned incorrectly, sentences could be annulled, and cases reopened, which would severely impact confidence in the justice system.

 

In cases of algorithm manipulation resulting in unjust sentences, the affected parties may appeal to international courts, provided it can be shown that the right to an impartial trial was violated and all domestic remedies have been exhausted. This is possible under treaties such as the American Convention on Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, among others.

 

Given the above, the question remains whether a true algorithm exists behind case assignments in Chile’s Judiciary, or if the process is more akin to an Excel sheet simply organizing and ordering data. This is no trivial question, as the difference between a robust algorithm and a basic data management tool is crucial for the system’s transparency and fairness.

 

A well-designed algorithm would include mathematical and logical processes to ensure random and impartial distribution of cases. In contrast, a simple Excel sheet lacks such guarantees, being vulnerable to human error or manipulation. This underscores the need for auditable, verifiable systems capable of ensuring fair assignments, resistant to external interference. A technologically sound platform is essential to avoid irregularities and strengthen public trust in the judicial system.