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Tutela judicial y la porosidad del sistema judicial en Chile
En Chile, la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental que garantiza a todos los ciudadanos el acceso a una justicia imparcial, equitativa y transparente. Este principio, consagrado en la Constitución de Chile y respaldado por tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, enfrenta desafíos significativos debido a la "porosidad" del sistema judicial, es decir, su vulnerabilidad a influencias externas que comprometen su imparcialidad. Según datos de Transparencia Internacional, en 2023 Chile se ubicó en el puesto 27 del Índice de Percepción de la Corrupción, lo que refleja preocupaciones sobre la integridad de sus instituciones, incluyendo el sistema judicial. Esta situación ha generado desconfianza en la ciudadanía y la percepción de que el acceso a la justicia es desigual.
En este contexto, instituciones clave como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) tienen el mandato de preservar la transparencia en sectores de alta complejidad. Sin embargo, los desafíos estructurales han complicado su labor en un sistema judicial que no ha sido reformado integralmente desde los años 80.
La tutela judicial efectiva busca garantizar que los ciudadanos puedan acceder a procesos judiciales justos. Sin embargo, la falta de una reforma estructural desde hace más de 40 años ha permitido que el sistema judicial chileno quede rezagado, limitando su capacidad para enfrentar los cambios sociales y económicos actuales. Un estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en 2021 reveló que el 65% de los encuestados considera que el sistema judicial chileno está “poco o nada” preparado para resolver conflictos que involucren intereses económicos significativos, como es el caso de las quiebras o procesos de insolvencia.
La CMF, encargada de supervisar el mercado financiero en Chile, cuenta con un presupuesto anual de 33.000 millones de pesos chilenos (aproximadamente USD 36 millones), destinado a prevenir y sancionar prácticas de colusión o manipulación financiera. Sin embargo, su actuación en el caso Curauma ha suscitado fuertes cuestionamientos.
Desde 2013, cuando Euroamérica Seguros de Vida, tras haber recibido el pago del crédito que la vinculaba con Curauma S.A., se apropió de la garantía de esta empresa —a pesar de que la deuda estaba completamente saldada—, la CMF ha mantenido un prolongado silencio, lo cual muchos interpretan como un acto de negligencia o incluso complicidad.
La inacción de la CMF en este caso específico evidencia, para muchos críticos, la falta de vigilancia efectiva sobre empresas del sector financiero y su tendencia a evitar enfrentamientos con grandes actores económicos. Este tipo de situaciones no solo cuestiona el compromiso de la CMF con la transparencia, sino que pone en riesgo la tutela judicial efectiva, pues la institución no intervino para proteger los derechos de Curauma S.A., ni de sus más de 1.600 accionistas minoritarios y acreedores en una situación evidentemente irregular.
La SUPERIR tiene el rol de supervisar los procesos de insolvencia y proteger los derechos de los acreedores. Este organismo recibió 10.500 solicitudes de reorganización y quiebra de empresas en 2023, según sus propias estadísticas. En el caso Curauma, las irregularidades en el proceso de quiebra también plantearon dudas sobre la imparcialidad judicial, pues se denunció que la operación benefició a ciertos intereses privados en detrimento de otros. A pesar del mandato de la SUPERIR, que abarca procesos de insolvencia que involucran activos de hasta 30 mil millones de pesos chilenos (USD 32 millones), la falta de transparencia y de control interno en estos procesos resalta las limitaciones del sistema para cumplir con la tutela judicial efectiva.
La FNE, que regula la competencia económica, también ha enfrentado dificultades. En 2022, la FNE realizó 137 investigaciones por prácticas anticompetitivas, de las cuales solo el 10% culminó en sanciones firmes. En el caso del sector de casinos, se alegó colusión entre empresas para evitar competencia en licitaciones, una práctica que afecta a los consumidores y distorsiona el mercado. La falta de sanciones contundentes en estos casos es un reflejo de la vulnerabilidad del sistema frente a intereses privados, y evidencia cómo la porosidad judicial permite que actores económicos influencien los resultados de los procesos judiciales.
La porosidad judicial en Chile permite que actores privados influyan en el sistema, afectando la imparcialidad y la igualdad ante la ley. Según el Índice de Transparencia Judicial 2022, un 58% de los chilenos percibe que el sistema judicial es vulnerable a la corrupción y el tráfico de influencias. En casos de alto perfil como el de Curauma, los cuestionamientos se multiplican, con procesos judiciales que parecen estructurados para favorecer intereses específicos, generando desconfianza en la ciudadanía y afectando la credibilidad del sistema. Los costos sociales de esta percepción son altos, pues debilitan el respeto por las instituciones y la cohesión social.
La tutela judicial efectiva en Chile enfrenta desafíos complejos, derivados de un sistema judicial que no ha sido reformado en décadas y que se muestra vulnerable a influencias externas. La CMF, la SUPERIR y la FNE, pese a cumplir roles esenciales para la regulación y la transparencia, encuentran limitaciones para garantizar la igualdad de acceso a la justicia en casos complejos que involucran grandes intereses económicos. La cuestionable actuación de la CMF en el Caso Curauma refuerza la percepción de que ciertas instituciones se muestran permisivas, cuando no cómplices, ante actores con poder económico significativo, comprometiendo así la confianza en el sistema.
Una reforma estructural al sistema judicial es urgente para fortalecer estas instituciones y reducir la porosidad. Según un informe del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) de 2023, una reforma integral que incluya la creación de mecanismos internos de control y transparencia podría reducir los casos de corrupción en un 30% y mejorar la percepción ciudadana en un 40%. El fortalecimiento de los sistemas de control, transparencia y sanción contra el tráfico de influencias es esencial para garantizar el derecho de todos los chilenos a una justicia efectiva, igualitaria y libre de influencias indebidas.