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Banco de Chile: Caso Curauma + Caso Caval


El Banco de Chile, con más de 2,6 millones de clientes y activos por USD 60.736 millones hasta marzo de 2024, se posiciona como una de las instituciones financieras más importantes del país. Su retorno sobre patrimonio (ROE) del 24,6% y una capitalización CET1 del 13,8% reflejan su solidez financiera, mientras su alianza estratégica con Citibank refuerza su presencia global y estándares de compliance, asegurando el cumplimiento normativo en mercados locales e internacionales.


Cotizando en las bolsas de Santiago, Electrónica y Nueva York (NYSE) bajo el símbolo BCH, el Banco de Chile se posiciona como un puente clave entre las economías locales y globales. Su asociación estratégica con Citibank no solo facilita el acceso a estándares internacionales más rigurosos en materia de compliance, sino que también lo somete al escrutinio de organismos reguladores como la Securities and Exchange Commission (SEC) en Estados Unidos, reforzando su imagen como una institución comprometida con la transparencia y la responsabilidad regulatoria. 


Sin embargo, esta percepción de solidez y cumplimiento contrasta con un preocupante historial de controversias, especialmente en los casos Curauma y Caval, que evidencian discrepancias significativas entre los estándares regulatorios internacionales que el banco declara respetar y sus prácticas en el mercado local. 

 

Caso Curauma

 

En agosto de 2013, el Banco de Chile otorgó un crédito hipotecario de USD 34,1 millones a Administraciones y Proyectos Euroamerica S.A., una filial de Euroamerica Seguros de Vida S.A. sin capital, trabajadores ni activos. Este préstamo facilitó la adquisición de bienes del Grupo CB comprometidos como garantía a favor de Curauma S.A., desencadenando un esquema que culminó en el despojo de los activos estratégicos de esta última.

 

A pesar de que Curauma S.A. pagó el préstamo inicial otorgado por Euroamerica, nunca logró recuperar los bienes dados en garantía. En cambio, Euroamerica utilizó su posición para retener dichos activos, beneficiándose en perjuicio de Curauma S.A. Esta operación fue posible gracias a la negligencia del Banco de Chile, que, plenamente informado sobre las maniobras de Euroamerica, facilitó la transacción en flagrante incumplimiento de los principios de compliance y diligencia debida.

 

La pasividad de los organismos fiscalizadores, particularmente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), agravó la situación. Su inacción no solo permitió que se consumara el despojo, sino que también evidenció graves fallas sistémicas en los mecanismos de supervisión, debilitando la fe pública en la transparencia y en la capacidad del sector financiero para garantizar el cumplimiento normativo.

 

Entre las irregularidades detectadas destacan la ausencia de tasaciones independientes, la falta de estudios de títulos y el incumplimiento en la comunicación de hechos esenciales a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Este entorno de opacidad y supervisión deficiente refleja un esquema de acciones concertadas que favorecieron a Euroamerica en perjuicio de los derechos de Curauma S.A. y sus accionistas.

 

Caso Caval

 

En diciembre de 2013, cuatro meses después del Caso Curauma, el Banco de Chile aprobó un crédito de USD 10 millones a Caval Ltda., propiedad de Natalia Compagnon y Mauricio Valero. Este préstamo, aprobado un día después de la elección presidencial de Michelle Bachelet, permitió la compra y reventa especulativa de terrenos en Machalí, generando ganancias de USD 3,8 millones para Caval.

 

El crédito se otorgó tras una reunión entre Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon y Andrónico Luksic Craig, entonces vicepresidente del Banco de Chile. Este hecho suscitó acusaciones de tráfico de influencias y favoritismo, desatando un escándalo político y financiero que puso en entredicho los procesos de evaluación crediticia y reveló aparentes conexiones entre intereses empresariales y políticos.

 

Un historial de sanciones y fallas sistémicas

 

Más allá de estos casos, el Banco de Chile acumula un historial significativo de sanciones por prácticas cuestionables. Entre 2005 y 2024, las multas impuestas por organismos reguladores suman 15.100 UF e incluyen infracciones como uso de información privilegiada, prácticas abusivas contra consumidores, deficiencias en prevención de lavado de dinero y falta de transparencia.

 

Estas sanciones reflejan un patrón reiterado de incumplimientos que no solo evidencian fallas en los controles internos, sino también la incapacidad del sistema regulador para generar un cambio significativo en la conducta corporativa.

 

El desafío y la oportunidad para el Banco de Chile

 

El Banco de Chile tiene en sus manos la oportunidad de liderar un cambio positivo en el sector financiero chileno. Distanciarse claramente de las prácticas irregulares e ilegales, promover una investigación exhaustiva que esclarezca responsabilidades y exija explicaciones a los involucrados, y asumir un rol activo en la reparación de los daños causados a Curauma S.A. son pasos necesarios para recuperar la confianza pública.

 

Estos actos no son sólo una cuestión de integridad, sino una necesidad imperativa para proteger su reputación. Además, transmitirían un mensaje inequívoco de compromiso con la responsabilidad corporativa, consolidando su posición como un referente ético y transparente. Este momento exige determinación y liderazgo; actuar ahora permitirá al banco alinear sus acciones con los estándares internacionales que declara respetar, mientras establece un precedente para construir un mercado más justo y transparente, guiado por su ejemplo.


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